El consejo directivo de la CGT se reunirá de urgencia para debatir este lunes la realización de un paro general el día que Diputados trate la reforma laboral, que ya tiene media sanción del Senado. Creen que el rechazo a la norma crece a medida que se empieza a conocer su contenido.
El encuentro en Azopardo estaba previsto para el miércoles, pero se adelantó ante la posibilidad de que la cámara baja sesione el jueves 19 y no el miércoles 25, como se pensó originalmente. Se realizará el lunes y en el temario hay un sólo ítem: la Reforma Laboral.
En la previa el Frente de Sindicatos Unidos (UOM, ATE, Aceiteros, las dos CTA, entre otros) anunció un paro con movilización. También Sergio Palazzo había advertido la necesidad de realizar un paro general por eso la propuesta estará sobre la mesa.
«Se están apurando porque se dan cuenta que cada día que pasa crece el rechazo a la reforma en la medida en la que se empieza a conocer su contenido», explicó a InfoGremiales un alto dirigente de la central obrera.
Tras los episodios con bombas molotov y la represión de esta semana, varios dirigentes se replantearon la posibilidad de convocar a una marcha similar, que el aparato de prensa oficial utiliza luego para vincular a la CGT con la violencia.
Algunos dirigentes apuestan también a que diputados del peronismo y provinciales impulsen modificaciones que obliguen a una segunda intervención del Senado. Hoy ese es un escenario probable.
Varios legisladores se resistirían a aprobar un cambio que los libertarios introdujeron a último momento, por el cual se permite a los patrones descontar el 25 por ciento del sueldo cuando un empleado se enferma, no necesariamente “jugando al fútbol”, como dijo el ministro Federico Sturzenegger.
En un documento interno, la CGT afirma que se opone “en su totalidad” al proyecto oficial, que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”, y califica la iniciativa de “regresiva y perjudicial para los trabajadores”.
Es claro que sobran argumentos para impugnar judicialmente un paquete de reformas que busca arrasar con conquistas históricas de la clase obrera. La discusión es cómo evitar o al menos lograr postergar la etapa de judicialización.
