La entidad que nuclea a las pymes CAME avaló los cambios en el derecho individual del trabajo, pero pidió eliminar cinco artículos vinculados a los convenios colectivos al considerar que ponen en riesgo la seguridad jurídica y pueden aumentar la conflictividad laboral.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) fijó una postura crítica frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Si bien la entidad manifestó su respaldo general a los cambios propuestos en el derecho individual del trabajo, advirtió que varios artículos vinculados a los convenios colectivos podrían abrir una etapa de mayor conflictividad laboral y afectar la estabilidad jurídica de las pymes.

La posición fue plasmada en un documento elevado al Senado, donde la CAME pidió de manera “imperiosa” la eliminación de cinco artículos del proyecto, comprendidos entre el 126 y el 132. Según la entidad, esos puntos desvirtúan el objetivo original de la reforma y generan un escenario de imprevisibilidad, tanto para empleadores como para trabajadores.

El cuestionamiento central recae sobre el artículo 126, que limita la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos únicamente a sus cláusulas normativas, excluyendo las obligacionales. Para la CAME, esta modificación entra en tensión con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, al debilitar la continuidad de acuerdos que hoy funcionan como contención de conflictos.

Otro punto sensible es el artículo 128, que prohíbe los aportes obligatorios para las entidades empresarias, pero mantiene los de las organizaciones sindicales. Desde la entidad pyme sostienen que esta diferencia implica un trato inequitativo y discriminatorio, que podría debilitar la representación empresaria y romper el equilibrio entre las partes en la negociación colectiva.

Las objeciones se extienden también a los artículos 130 y 131, que establecen la prevalencia de los convenios de empresa por sobre los convenios de actividad. A juicio de la CAME, esta modificación fragmentaría el marco normativo de las actividades económicas y habilitaría diferencias salariales difíciles de justificar, vulnerando el principio de igual remuneración por igual tarea.

Finalmente, la entidad cuestionó el artículo 132, que faculta al Estado a suspender convenios colectivos por razones amplias como “distorsiones económicas graves” o “interés general”. Para la CAME, se trata de una discrecionalidad excesiva que suma incertidumbre al sistema laboral. Mientras el Gobierno busca aprobar la ley que llama “de Modernización Laboral” el próximo 11 de febrero en el Senado, las objeciones del sector pyme se suman a las presiones sindicales y a las preocupaciones de los gobernadores por el impacto fiscal de la iniciativa.