El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) cuestionó al Vocero Presidencial, Adrián Ravier, y denunció el desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), “la entrega de rutas nacionales a empresas privadas amigas del poder y el impacto políticas de precarización sobre los trabajadores».

El detonante del malestar fue del gremio liderado por Graciela Aleñá fue la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, del pasado martes 27 de octubre quien dijo textualmente: “La totalidad de los 9.000 kilómetros de la Red Federal de Concesiones ya están adjudicados y que casi 1.000 kilómetros fueron rehabilitados con inversión privada, sin subsidios ni gasto público”.

“Lo que no cuenta Ravier es que desviaron el 60 % del presupuesto 2026 de la DNV. No cuenta que el IPC nunca se nos aplicó representando un 69% de pérdida acumulada del salario desde que asumió Milei. No habla de que los peajes se irán por las nubes, es de manual. Lo que dice el vocero es mentira que responda: por qué les permiten a las concesionarias la exención de impuestos en el presupuesto 2027”, se preguntó la sindicalista destacando que “la obra pública es menos onerosa que las concesiones realizadas”.

En ese sentido, Aleñá fue tajante: “Tratan de boluda a la gente y todos pagaremos esta fiesta, que no oculta los negocios turbios que armaron Sturzenegger y Caputo para regalarle rutas a los amigos del gobierno. Todos los usuarios comprueban diariamente que las rutas están destruidas, basta navegar las redes sociales”, afirmó Aleñá.

En este contexto, la dirigente sindical advirtió sobre las consecuencias del nuevo esquema de concesiones viales y cuestionó el aumento de los costos para los usuarios: “Esto no representa ninguna solución. Es una chantada más de un gobierno nacional desesperado por rematar el patrimonio público. Una decisión que agrava la crisis vial ya que las rutas federales, en vez de estar en manos de Vialidad Nacional, van a quedar en manos de privados, en manos de empresarios alineados con el gobierno y dispuestos a depredar el bolsillo de la gente con peajes cada 100 kilómetros”, sentenció.

En esa línea, remarcó: “Esto es más desempleo, más ajuste, más miseria, y nosotros seguimos siendo los únicos que defendemos la soberanía de las rutas nacionales, frente a gobernadores que ya se mostraron entreguistas y a los cuales repudiamos, porque están desintegrando la nación, atentando contra el federalismo que solamente un organismo centenario como Vialidad puede garantizar”.

Por último, Aleñá apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y denunció el desfinanciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad y el desvío de recursos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales: “Desoyendo al Congreso nacional, Caputo se come casi el 60% del presupuesto, además de los miles de millones de lo que se recauda del impuesto a los combustibles por ley, algo ilegal que ya denunciamos en la Justicia, como otros actores de la política lo han hecho ante el saqueo de la Dirección Nacional de Vialidad”, aseguró. Y concluyó: “La plata sólo va para retiros voluntarios, dan rutas a los amigos, se fugan nuestros recursos, todo en un marco ilegal, que ya tomó forma en denuncias penales por el incumplimiento de funcionarios públicos”.

Retención de tareas y Estado de Alerta y Movilización

En este contexto, el STVyARA declaró el “estado de alerta y movilización permanente” cuya primera medida consiste en retenciones de tareas de dos horas diarias en todo el país de manera sorpresiva, junto con otras acciones directas que resuelvan los trabajadores en asambleas.

La medida responde a una serie de reclamos laborales, entre ellos la falta de actualización salarial de los trabajadores comprendidos en el CCT 827/06 “E”, de acuerdo con los aumentos establecidos por el Gobierno nacional. Esta situación genera una desigualdad respecto de los trabajadores provenientes del ex OCCOVI, que sí reciben esos incrementos, pese a desempeñarse dentro del mismo organismo.

“A esta discriminación se suman el deterioro de las instalaciones en todo el país, la falta de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección, la escasez de insumos y repuestos para la maquinaria vial, las demoras en el pago de viáticos y los recortes presupuestarios que afectan el funcionamiento de la DNV”, argumentó Aleñá.

Desde STVyARA advirtieron que “el debilitamiento de Vialidad Nacional compromete tanto las condiciones laborales de sus trabajadores como la conservación de la red troncal nacional, la seguridad vial y la capacidad del Estado para garantizar una infraestructura estratégica para el desarrollo, la integración territorial y la soberanía nacional”.