La delegación Capital de UEPC presentó el miércoles 22 de abril una denuncia penal contra el Gobernador Martín Llaryora, el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el Jefe de Policía. Es por la represión, la infiltración y el espionaje ilegal, para que se investigue el accionar policial y su responsabilidad en el operativo desplegado el día lunes 20 de abril en ocasión de la asamblea provincial de delegados departamentales del gremio.
El Gremio docente cordobés UEPC denunció penalmente a Martín Llaryora, su Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el Jefe de Policía. Es por presunta infiltración y espionaje ilegal de su organización en el contexto de las protestas.
En ese marco, desde el gremio recordaron que la asamblea provincial de delegados departamentales del día lunes 20 de abril sesionó sitiada por un vallado de centenares de policías y rodeada por personal armado de las fuerzas represivas. Toda la cuadra de la Casa del Docente de UEPC de la calle San Jerónimo estaba cortada y vallada por la policía, que impedía el paso a docentes.
Ese día hubo represión y arrojaron gases a docentes, delegados escolares y delegados departamentales que estaban acercándose a la asamblea para participar de ella.
«Las fuerzas policiales intentaron impedir que los delegados departamentales llegaran a la asamblea a la que estaban convocados para acreditarse y ejercer su rol de representación sindical. En ese contexto detuvieron al delegado Pablo Perón, lo cual le impidió llegar a acreditarse y participar de la asamblea a la que estaba convocado», sostuvieron desde UEPC.
«También robaron material de propaganda perteneciente a la delegación Capital de UEPC y amenazaron a miembros del Consejo Delegado Departamental. Todo esto constituye una práctica ilegal que atenta contra el ejercicio de la libertad y el accionar sindical de los trabajadores», detallaron.
Pero además, adentro de la sede sindical donde se desarrollaba la asamblea «nos encontramos con personal policial vestido de civil, presenciando una asamblea de trabajadores y usurpando el espacio de la organización gremial. Es decir que las puertas del sindicato que se cerraron para docentes y delegados, se abrieron de par en par para las fuerzas policiales. Esto resulta de una gravedad extrema e inusitada. Significa lisa y llanamente la intromisión del aparato del Estado, con su organismo de represión, en las deliberaciones e instancias orgánicas de nuestro sindicato», precisaron.
Y remarcaron que «nunca hicieron público quién los había llamado, con qué orden y para cumplir qué función, y por qué estaban adentro de la sede del sindicato, con lo cual su accionar intimidatorio encuadra en un ejercicio de infiltración y espionaje ilegal».
«Repudiamos este accionar represivo de las fuerzas policiales comandadas por Llaryora y Quinteros, responsabilizamos al gobierno provincial de este ataque a la organización sindical, su asamblea y sus delegados, y denunciamos penalmente al gobernador y las autoridades correspondientes», concluyeron.
