La letrada sostuvo que el proceso judicial no solo permitió establecer la responsabilidad penal del acusado, sino que también dejó en evidencia que “las víctimas no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden”, subrayando la importancia de generar condiciones de acompañamiento y contención para que quienes sufrieron abusos se animen a hablar.

El caso, vale mencionar, tuvo durante la jornada de este viernes la audiencia de cesura, en la que el tribunal determinó la pena luego de haber declarado penalmente responsable a Gómez el pasado 27 de noviembre. La condena fue fijada en 15 años de prisión, al considerarse probados los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ministro de un culto reconocido (varios hechos) y abuso sexual simple agravado, también agravado, en concurso real, en perjuicio de dos víctimas que eran menores de edad al momento de los hechos.

Hechos antiguos y denuncias recientes

Según explicó la abogada Sara Cabezas, los abusos ocurrieron en el año 2014, pero las denuncias recién se formalizaron en 2023, luego de un largo proceso personal de las víctimas. “Hay factores emocionales, familiares y sociales que influyen profundamente. Por eso es fundamental que la sociedad entienda que denunciar años después no resta validez a los hechos”, expresó.

Destacó además que, una vez iniciada la causa, el proceso avanzó con rapidez y permitió arribar a un juicio oral y a una sentencia en un plazo inferior a los dos años.

La letrada que sus representadas se mostraron conformes con la actuación de la Justicia y con la pena impuesta, remarcando que durante todo el proceso se respetaron sus derechos y se priorizó su protección.

Las pruebas incorporadas incluyeron declaraciones en Cámara Gesell, pericias psicológicas y testimonios, elementos que fueron determinantes para acreditar los hechos y el abuso de poder ejercido por el condenado en su rol de líder religioso.

La libertad hasta que el fallo quede firme

En relación a la continuidad en libertad de Gómez, la abogada explicó que el tribunal resolvió mantener ese estado por mayoría, hasta que la sentencia quede firme, aunque se le impusieron medidas restrictivas de conducta, como la prohibición de acercamiento a las víctimas.

Aclaró que la Fiscalía había solicitado la detención inmediata y que una de las magistradas votó en ese sentido, pero que la decisión adoptada responde al principio de inocencia vigente hasta que se agoten las instancias recursivas.

Un mensaje claro para quienes aún callan

Finalmente, Cabezas insistió en que la condena debe ser entendida como una señal para otras víctimas que aún no se animan a denunciar. “Estos fallos muestran que no hay impunidad, que nadie puede ampararse en una institución para cometer delitos y que animarse a denunciar puede evitar que haya nuevas víctimas”, sostuvo, destacando la necesidad de romper el silencio y confiar en los mecanismos de protección del sistema judicial.