Aires del Sur fue declarada en quiebra. La emblemática fabricante de aires acondicionados Electra y Fedders alcanzó su desenlace judicial, tras una fuerte crisis financiera, un intento fallido de venta a capitales chinos y un conflicto con los trabajadores.

La quiebra de Aires del Sur fue decretada oficialmente por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego, a cargo de Horacio Boccardo.

La resolución judicial, fechada originalmente el 22 de abril y publicada hoy en el Boletín Oficial, se produjo tras el pedido de la propia empresa, que en febrero había manifestado su incapacidad para continuar operando.

Según la administración que asumió a fines de 2025 -tras la salida de los hermanos Guaita-, la firma arrastraba una “estructura económica y financiera profundamente deteriorada”, marcada por la preventa de equipos, la obtención de cheques diferidos, su descuento financiero y la posterior adquisición de materia prima importada para sostener el ciclo productivo.

“El costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales que acumulaban inviabilidad y quebrantos”, señalaron desde la firma en la presentación judicial.

De acuerdo con la compañía, el desenlace se precipitó luego de que fracasaran las negociaciones con el grupo chino Chigo, uno de los gigantes mundiales del sector. Aires del Sur buscaba una inversión mínima de US$5 millones a cambio de la transferencia de hasta el 80% del paquete accionario.

Sin embargo -según indicaron-, la dilación en las definiciones del grupo inversor resultó incompatible con la urgencia de la caja de la firma, lo que configuró un “escenario de cesación de pagos irreversible”.

La quiebra de la empresa, presidida por Roberto Ceretti, afecta directamente a 140 empleados en la isla. El conflicto gremial y social alcanzó su punto de mayor tensión en febrero de este año, cuando los operarios de la planta de Río Grande decidieron ocupar las instalaciones ante la falta de pago de haberes y el riesgo inminente de perder sus fuentes laborales.

En ese entonces, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que la fábrica se encontraba paralizada desde diciembre de 2025 y que, para el momento de la toma, el personal acumulaba casi dos meses sin percibir sus salarios. Según los delegados gremiales, la firma no solo dejó de abonar sueldos y premios, sino que también cortó los canales de diálogo y se ausentó de las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo.

El gobernador de la provincia, Gustavo Melella, vinculó directamente este escenario con la caída estrepitosa del consumo interno y las nuevas políticas nacionales de apertura de importaciones, las cuales, según su visión, “llevan a la muerte de la industria nacional”. “Todas las fábricas están complicadas porque no hay consumo en el país”, enfatizó.

Con la quiebra decretada, la Justicia designó al contador Roberto Pugnaloni como síndico del proceso. Y fijó el 5 de agosto de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos y los títulos pertinentes.

A disposición del tribunal quedaron la planta industrial, montada sobre un predio de 15.000 metros cuadrados en Río Grande, y unos 4000 kits de producción almacenados en el puerto de Buenos Aires, activos con los que la compañía espera cubrir sus pasivos.