Este viernes expira la tregua dictada por Trabajo en el conflicto entre el Gobierno, EANA y el gremio de controladores aéreos ATEPSA. Sin acuerdo salarial, crece el riesgo de nuevas medidas de fuerza que podrían afectar la operación aérea en plena temporada alta.
Este viernes vence la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el conflicto que enfrenta al Gobierno con la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio que nuclea a los controladores aéreos. La finalización de esa tregua administrativa reactiva el riesgo de nuevas medidas de fuerza que podrían impactar de lleno en la operación aérea, en plena temporada alta de verano.
La conciliación, vigente desde el 23 de diciembre, logró frenar un esquema de protestas impulsado por el sindicato, pero no resolvió el núcleo del conflicto: la negociación salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Ante este escenario, la empresa estatal informó que este viernes se realizará una nueva audiencia y dejó abierta la posibilidad de solicitar una prórroga de cinco días hábiles adicionales, tal como lo permiten las normativas laborales vigentes.
En un comunicado oficial, EANA sostuvo que trabaja “ininterrumpidamente” para destrabar el conflicto y garantizar la normalidad de los vuelos. Sin embargo, cargó con dureza contra el gremio al señalar una “postura permanente de intransigencia” y afirmar que las acciones de ATEPSA no tendrían como objetivo mejorar las condiciones laborales, sino “generar daño” en el sistema aerocomercial.
La tensión entre las partes no es nueva. Durante 2025, el gremio llevó adelante múltiples medidas de fuerza. En julio, una conciliación obligatoria evitó un paro que amenazaba las vacaciones de invierno; en agosto se concretaron tres jornadas de paro nacional y, tras un acuerdo transitorio con una recomposición salarial del 15% en cuatro tramos, el conflicto volvió a escalar en noviembre con nueve días de protestas focalizadas en vuelos de carga y la suspensión de capacitaciones y tareas de mantenimiento.
En diciembre, las acciones gremiales alcanzaron a los vuelos de pasajeros durante dos jornadas, lo que derivó en la actual conciliación obligatoria que ahora llega a su fin. Paralelamente, el conflicto se trasladó al ámbito judicial. La Justicia Federal investiga la presunta existencia de un acta paritaria de fines de 2023 que habría establecido aumentos anticipados para 2024 y que no figura en los registros oficiales de EANA, además de denuncias por supuestas fallas en la seguridad operacional.
Con el vencimiento del plazo, el Gobierno enfrenta una encrucijada estratégica. Mientras sostiene una política de contención del gasto, la continuidad del transporte aéreo depende de un recurso humano altamente especializado y difícil de reemplazar.
