El gremio estatal ATE denunció un presunto intento de desmantelamiento del organismo y responsabilizó a sus autoridades por la paralización de trámites y reclamos vinculados a la salud. Como forma de visibilizar el conflicto, los trabajadores realizarán una particular protesta destinada a demostrar la importancia de sus tareas en la atención de los usuarios y el control del sistema sanitario.

Ante una nueva amenaza de despidos en la Superintendencia de Servicios de Salud y el intento de vaciamiento del organismo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará medidas de fuerza “a la japonesa”.

El sindicato también acusó al superintendente del organismo, Claudio Stivelman, de generar una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas. Es por eso que se adoptó una modalidad de protesta “a la japonesa” que consistirá en atender reclamos en la puerta de entrada del organismo de quienes concurran al establecimiento y acelerar la resolución de reclamos, buscando mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud.

“Es evidente que el superintendente y sus funcionarios están desplegando conductas delictivas. Intentan paralizar todas las tramitaciones para vaciar el organismo y evitar de esta manera controlar a las prepagas. No existen dudas acerca de que desde la Superintendencia se favorecen negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. La medida de fuerza, definida para el viernes 20 de marzo, se votó a través de una asamblea realizada en la sede central del organismo.

“Están llevando adelante un accionar de extrema gravedad como es ocultar y frenar un gran número de expedientes con reclamos y es por eso que hemos definido esta medida de fuerza a la japonesa. Vamos a atender en la puerta para ponerlos en evidencia”, agregó el referente estatal.

En este marco, Aguiar agregó: “Hemos advertido además que las autoridades establecen sanciones sólo para las obras sociales más chicas y que miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga”.

“También hemos denunciado que la Superintendencia permite el cobro de plus, coseguros y aranceles diferenciados que son ilegales. Están jugando con la salud y la gente se está muriendo. Tienen que terminar presos”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

En este marco, el sindicato pudo verificar que la Superintendencia maneja con discrecionalidad la aplicación de sanciones, evitando multar a las grandes empresas de medicina prepaga y actuando con dureza contra las obras sociales más chicas, las cuales pretenden extinguir.

ATE también manifestó que la gestión actual del organismo estaría promoviendo un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, que trasladará los costos al beneficiario y fomentará la judicialización de los conflictos.

Esta situación se suma al reclamo por la obra social Unión Personal, la cual aplica coseguros diferenciados a trabajadores estatales que no estén afiliados a UPCN, una práctica discriminatoria e ilegal, como así también coseguros para las intervenciones quirúrgicas, los cuales violan el Plan Médico Obligatorio.