La diputada nacional y secretaria general de FeSITRAJU encabezó la iniciativa que busca eliminar el Fondo de Asistencia Laboral antes de que entre en vigencia el 1 de noviembre. Denunció que el mecanismo redirige aportes que hoy financian el SIPA, el PAMI y las asignaciones familiares hacia fondos de inversión administrados por entidades habilitadas por la CNV.
La diputada nacional Vanesa Siley presentó un proyecto de ley para derogar el Título II de la Ley 27.802, que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que comenzará a regir el 1 de noviembre y que la legisladora calificó como «las nuevas AFJP». La iniciativa, firmada también por los diputados Sergio Palazzo, Mario Manrique, Hugo Antonio Moyano, Hugo Yasky y José Gómez, busca dar una respuesta urgente al inminente desfinanciamiento del sistema de seguridad social que, según los fundamentos del proyecto, implica la puesta en marcha de «un esquema de capitalización privada que se financia con la resignación de ingresos equivalentes a los mismos por parte de la ANSeS».
El FAL fue incorporado en la reforma laboral impulsada por el Gobierno y reglamentado en la semana del jubilado. Según explicó Siley en sus redes sociales, los empleadores deberán aportar al FAL el 1% de las remuneraciones computables en el caso de las grandes empresas y el 2,5% en las MiPyMEs. Sin embargo, ese aporte no representa un costo nuevo para las empresas: se compensa con una reducción equivalente de las contribuciones patronales que hoy financian el sistema previsional. «Plata que hoy financia el SIPA, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares deja de ingresar a esos subsistemas en una proporción equivalente al aporte al FAL», advirtió la diputada.
Los fundamentos del proyecto subrayan que los aportes y contribuciones «no son impuestos» sino «salario diferido de los trabajadores» y que constituyen los recursos que sostienen el sistema jubilatorio solidario. «Ahora quieren llevar parte de esos recursos a fondos de inversión, a la timba financiera, para financiar los despidos de nuestros trabajadores y desfinanciar sus jubilaciones», sostiene el texto. El FAL se instrumenta mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, y un dato que los legisladores destacan es que «la deuda del Tesoro Nacional es el único activo para el que la reglamentación no establece un límite porcentual de inversión».
El proyecto también apunta al efecto del FAL sobre la protección contra el despido arbitrario. Según los firmantes, al financiar los futuros despidos «se termina el efecto disuasorio» de la indemnización y se facilita la pérdida de puestos de trabajo. La iniciativa recoge los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de 2026, que muestran que la desocupación alcanzó el 7,9%, la subocupación el 11,5% y la informalidad laboral el 45%, cifras todas superiores a las de fines de 2023. «Lejos de la recuperación del empleo que el Gobierno nacional anunció y esperaba a partir de las reformas laborales, en Argentina tenemos hoy más desocupación, más subocupación y más informalidad que a fines de 2023», concluyen los fundamentos.
La diputada advirtió además sobre el discurso que vendrá: «Después nos van a volver a hablar de la ‘insustentabilidad del sistema jubilatorio’. Van a decir que no alcanza, que hay que aumentar la edad jubilatoria o volver a tocar la movilidad. Pero hoy mismo están sacándole plata al sistema que paga tu jubilación». Y agregó: «Tampoco pueden decir que sacar derechos laborales genera empleo». El proyecto de derogación del FAL es complementario de la iniciativa de Actualización Laboral que Unión por la Patria presentó para modificar de raíz la ley 27.802, y busca atender «una situación urgente» antes de que el mecanismo entre en vigencia.
