Un diputado provincial advirtió que la minería, en su totalidad, ocupa apenas el 5% de la fuerza laboral registrada y que el litio representa alrededor de 1.200 puestos directos. El dato contrasta con las cifras oficiales que hablan de hasta 3.000 empleos directos y más de 15.000 entre directos e indirectos. La discusión expone la brecha entre el récord exportador y el derrame real en las comunidades de la Puna.

El diputado provincial por el Frente de Izquierda, Gastón Remy, puso en cuestión el impacto real que la actividad minera tiene sobre el empleo en Jujuy, al señalar que el litio genera apenas el 2% del empleo privado registrado en la provincia. Según los datos que expuso tras la visita del presidente de JEMSE, Exequiel Lello Ivacevich, a la Legislatura, la minería en su totalidad ocupa solo el 5% de la fuerza laboral registrada, y el litio abarca unos 1.200 o 1.300 puestos de trabajo directos. La cifra contradice la narrativa oficial que celebra el crecimiento de la actividad y la posiciona como motor de desarrollo.

La advertencia de Remy choca de frente con los números que difunde el propio Gobierno provincial. Fuentes oficiales de Jujuy sostienen que la minería genera 3.000 empleos directos y 6.000 indirectos, con más de 200 empresas locales integradas a la cadena de valor. El gobernador Carlos Sadir llegó a afirmar que la minería en la provincia genera más de 15.000 puestos de trabajo. La diferencia entre una cifra y otra no es menor: va del 2% del empleo registrado que menciona el diputado a los miles de puestos que celebra el oficialismo.

Un informe de la OIT sobre la cadena de valor del litio aporta un dato que matiza la discusión: para el primer semestre de 2023, el empleo asalariado registrado directo de la minería de litio representaba el 2% del total del empleo privado registrado en Jujuy. Es decir, la cifra que menciona Remy coincide con la medición internacional. La diferencia está en si se cuentan solo los puestos directos registrados o se suman los indirectos y los empleos generados por la actividad minera en general.

Más allá de la cantidad, Remy cuestionó la calidad del empleo y el derrame sobre las comunidades. «De ese 70% de empleo en el litio que el Gobierno dice que es mano de obra provincial, solo el 30% pertenece al departamento Susques o a las comunidades aledañas», afirmó el diputado, y agregó que el resto proviene de otros puntos de Jujuy o de provincias vecinas como Salta y Tucumán, bajo esquemas de trabajo rotativo de siete días en la Puna y siete de descanso.

El legislador también apuntó contra el entramado de proveedores locales: «Los proveedores locales representan solo el 20% de la facturación total, debido a que la actividad se maneja con un esquema global de insumos importados». La OIT advirtió en un informe reciente sobre las brechas de talento humano en la región: existe una «desconexión entre la oferta formativa y las necesidades del sector» que impacta especialmente en las comunidades locales, que a menudo no acceden a los puestos generados por el desarrollo minero debido a una formación insuficiente o inadecuada.

La discusión sobre el empleo litífero se da en un contexto paradojal para Jujuy. Mientras la minería se consolida como el sector más dinámico del empleo formal —con un crecimiento acumulado del 52% entre 2015 y 2024 y salarios que duplican a los industriales—, el resto de la industria provincial se derrumba. La Unión Industrial de Jujuy advirtió que el empleo privado cayó 0,6% desde diciembre de 2023, pero que esa cifra moderada esconde «una realidad subterránea de suspensiones, adelantos de vacaciones y una precarización creciente».

«Hay trabajo en la minería, mientras que en el resto de los sectores el derrumbe es dramático», señaló el informe de la UIJ, que menciona los cierres de la tabacalera Alliance One y la alimenticia Otito, y los centenares de despidos en la azucarera Ledesma. El litio, en definitiva, sostiene las estadísticas provinciales pero no alcanza a compensar la crisis de la industria tradicional. La pregunta que sobrevuela el debate es si el 2% del empleo registrado que genera la actividad litífera alcanza para justificar la promesa de desarrollo que se le atribuye.