El Ejecutivo nacional reconoció que carece de los apoyos legislativos necesarios para modificar la normativa vigente, en medio de tensiones políticas y un fallo judicial que ordena cumplir con puntos clave.

El Gobierno Nacional reconoce que no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para avanzar con una modificación de la Ley de Financiamiento Universitario, una iniciativa que considera clave por su impacto en las cuentas públicas. Desde el Ejecutivo admitieron que el margen para negociar es cada vez más limitado y que, por ahora, están lejos de alcanzar un acuerdo que incluya tanto a los bloques legislativos aliados como al sistema universitario.

En ese contexto, descartaron retomar el proyecto enviado durante las sesiones extraordinarias de febrero, al considerar que quedó desactualizado frente al nuevo escenario político y judicial. La ley vigente, sancionada en 2025, permanece en una situación de tensión, ya que el Gobierno sostiene que su aplicación está condicionada a la definición de fuentes de financiamiento.

Sin embargo, un fallo judicial reciente ordenó cumplir con puntos clave como la actualización salarial de docentes y no docentes, y el otorgamiento de becas estudiantiles. En la Casa Rosada señalan que esta resolución fortaleció la posición de las universidades y complicó aún más cualquier intento de reforma.

A esto se suman diferencias internas dentro del oficialismo, que también impactan en la estrategia parlamentaria y dificultan la construcción de consensos. Mientras tanto, el conflicto universitario vuelve a ganar visibilidad: gremios, estudiantes y rectores convocaron a una nueva marcha federal para el 12 de mayo, en reclamo del cumplimiento de la ley y mejoras salariales, lo que podría volver a poner el tema en el centro del debate público.