Desde el juzgado federal que conduce Martín Cormick, quien falló en primera instancia en favor del reclamo presupuestario y salarial de las universidades, señalaron que los rectores de las universidades no reclamaron el embargo de las cuentas de los funcionarios del Gobierno luego de la decisión judicial.
Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó al Gobierno Nacional, en diciembre de 2025 y ratificado en 2026, cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, exigiendo la actualización de salarios docentes y no docentes y becas, suspendiendo decretos oficiales.
La medida surge tras un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores, ante el incumplimiento oficial que compromete derechos educativos.
El embargo de las cuentas de los funcionarios es un recurso de la ley ante el incumplimiento de una ley por parte de los funcionarios de un Gobierno. Hasta el día de hoy los rectores no lo utilizaron.
La ley de Financiamiento Universitario se aprobó en las dos cámaras del Congreso, que se vetó, se rechazó el veto, se promulgó, pero que igualmente se incumple. “Los rectores podrían ir más fuerte“, dicen en los pasillos del juzgado, por lo que se espera que sucederá en las próximas horas al respecto.
El fallo ordenó aplicar de manera “inmediata” la ley que actualiza los fondos universitarios, calificando de “perjuicios graves de imposible reparación ulterior” la pérdida salarial.
Así, la justicia confirmó la medida cautelar, rechazando los argumentos del Gobierno sobre el impacto fiscal, estimado en $2,5 billones por el Ejecutivo.
El Consejo Interuniversitario Nacional impulsó el amparo, mientras referentes como Emiliano Yacobitti celebraron la ratificación del fallo y exigieron su cumplimiento pero el Gobierno apeló y busca una reforma parlamentaria para reducir el impacto fiscal, mientras la Justicia sigue exigiendo el cumplimiento del financiamiento.
Aunque se menciona el ahogo presupuestario y el riesgo de funcionamiento, la orden principal de Cormick se centra en la aplicación de la ley de Financiamiento, pero en las últimas horas se dejó trascender que los rectores podrían ir además por un “embargo de cuentas” en la disputa de ejecución presupuestaria.
Más aún, teniendo en cuenta que el gobierno nacional avanza con otro proyecto propio de financiamiento en el Congreso que recupera apenas un 12% del salario y el presupuesto de 2025 (cuando la inflación fue del 35%) y 0 (sí, cero) de 2024, cuando la inflación fue del 118%.
