- Removieron a la cúpula de la Brigada de Investigaciones de San Pedro de Jujuy.
- Ocurrió tras conocerse situaciones de supuestas torturas a un menor de 15 años.
- Ahora, se sumaron dos nuevas denuncias por estas prácticas policiales.
La Brigada de Investigaciones de San Pedro de Jujuy atraviesa su hora más crítica. En las últimas horas, y ante el avance de las pruebas que señalan métodos de violencia institucional, se confirmó el traslado del jefe y su segundo de la unidad.
La medida busca transparentar una investigación que ya no solo salpica a los agentes de calle, sino que pone en tela de juicio la cadena de mando.
El caso, que se conoció en nuestro medio a inicios de esta semana con la publicación del calvario que vivió un adolescente identificado como M.I. de 15 años —testigo clave en el homicidio de Rodrigo Rotondo—, destapó una «olla a presión».
Según pudo saber nuestro medio, la progenitora del menor confirmó que, si bien no presenta lesiones físicas actuales, el joven se encuentra bajo estricta asistencia psicológica particular y del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) debido al trauma sufrido durante su detención ilegal.
Un patrón de abusos sistemáticos
Sin embargo, lo que parecía un hecho aislado se transformó en una denuncia por prácticas sistemáticas. Sucede que entre el miércoles y el jueves de esta semana, dos nuevas denuncias fueron radicadas por madres de menores de 16 años ante la Justicia de la ciudad de San Pedro de Jujuy.
Según el relato de las familias, el pasado 13 de marzo, los jóvenes fueron «levantados» en la vía pública por un móvil de la Brigada en cercanías de la Escuela de Comercio.
Bajo la acusación de haber sustraído las motocicletas en las que se desplazaban, fueron conducidos a la base policial donde habrían sido agredidos física y psicológicamente para autoincriminarse o aportar datos.
Intervención de la capital y Cámaras Gesell
Dada la gravedad de los hechos y la posible implicación de múltiples efectivos, las actuaciones fueron giradas a la Fiscalía de Delitos de Funcionarios Públicos de San Salvador de Jujuy. La justicia provincial busca determinar responsabilidades directas y no descarta que surjan algunas imputaciones una vez que se analicen los libros de guardia secuestrados.
El próximo 7 de abril será una fecha clave para el avance de la causa: ese día se realizarán las Cámaras Gesell de los dos nuevos menores denunciantes. Los resultados de estas pericias serán remitidos de inmediato a la fiscalía de la capital, lo que podría derivar en la detención formal de los efectivos responsables de las guardias durante los incidentes.
