En declaraciones a Radio 2, el letrado consideró que la decisión de dictar falta de mérito después de una década de investigación genera un fuerte impacto institucional. “Es una vergüenza que 10 años después los jujeños no tengamos una respuesta en positivo o en negativo. Si en todo ese tiempo no se pudieron probar los hechos, o no hubo corrupción o la causa se utilizó con otros fines”, sostuvo.

Para Giusti, el proceso judicial debió haber tenido una resolución mucho antes mediante un juicio oral que permitiera determinar responsabilidades o dictar sobreseimientos. “Lo correcto era que se llegue a juicio y que allí se determine si correspondía condenar o absolver. No se puede tener a dirigentes políticos durante diez años en una situación de incertidumbre”, remarcó.

Críticas al rol de los organismos de control

Durante la entrevista también cuestionó la falta de definiciones por parte de los organismos encargados de controlar el uso de fondos públicos.

En ese sentido, señaló que el ex Tribunal de Cuentas (Auditoría de la provincia) debió haber tenido un papel más activo para determinar si existieron o no desvíos de fondos. “Hay organismos especializados para decir si hubo o no irregularidades en el manejo de recursos. Esa información debió haberse producido y aportado a la causa”, explicó.

Además, sostuvo que el expediente se utilizó en distintos momentos como herramienta de presión política dentro del escenario provincial.

“La justicia debe cambiar”

Giusti también planteó la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial de la provincia, señalando que el próximo gobierno debería impulsar cambios estructurales.

Según expresó, incluso podría plantearse la intervención del Poder Judicial, algo que —según afirmó— es legalmente posible. “El gobierno que venga tendrá que discutir seriamente el funcionamiento de la justicia en Jujuy”, indicó.

Preocupación por el conflicto policial

En otro tramo de la entrevista, el abogado se refirió al conflicto policial y expresó preocupación por la situación de los trabajadores estatales.

Giusti advirtió que el deterioro del salario real afecta no solo a la policía sino también a docentes, personal de salud y empleados públicos, señalando que muchos perciben ingresos que no alcanzan para cubrir el costo de vida. “Un policía está cobrando entre 800 mil y 900 mil pesos, y muchos trabajadores municipales incluso menos. Es una situación muy complicada”, afirmó.

En particular, mencionó que en ciudades como San Pedro de Jujuy existe preocupación por los problemas de seguridad vinculados al narcomenudeo, lo que —según dijo— agrava el escenario.

Finalmente, sostuvo que la resolución del conflicto salarial depende exclusivamente del gobierno provincial. “La solución la tiene el propio gobierno. Son ellos quienes administran los recursos y deben dar una respuesta”, concluyó.