El mes pasado, el Departamento de Justicia (DOJ) hizo públicos más de 3 millones de documentos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Aunque los archivos arrojan luz sobre el círculo social y las actividades del propio Epstein, también proporcionan una ventana poco frecuente al funcionamiento interno de una investigación federal, incluida la forma en que las tecnológicas como Google responden a las solicitudes de información del gobierno.
WIRED ha encontrado varias citaciones del gran jurado dirigidas a Google en la publicación más reciente del DOJ, junto con archivos que parecen ser datos de Google producidos sobre usuarios específicos y cartas con el membrete de la compañía en respuesta a solicitudes de citación específicas.
Google declinó hacer comentarios sobre los documentos concretos incluidos en los volcados, pero su portavoz, Katelin Jabbari, afirmó en una declaración escrita que los “procesos de la empresa para gestionar las solicitudes de las fuerzas de seguridad están diseñados para proteger la privacidad de los usuarios y, al mismo tiempo, cumplir las obligaciones legales”: “Revisamos todas las demandas para comprobar su validez jurídica, y nos oponemos a las que son demasiado amplias, incluso objetando a algunas por completo”.
Los documentos muestran la cantidad de información que el gobierno a veces intenta obtener sin el visto bueno de un juez, cómo Google se opone a las solicitudes que, en su opinión, van más allá de lo que exige la ley, y qué tipo de información ha entregado la empresa sobre sus usuarios.
Un incendio provocado en Colorado dejó perplejos a los detectives. La forma en que resolvieron el caso podría poner en peligro a todo el mundo.
Secreto a propósito
Las citaciones judiciales suelen estar rodeadas de secretismo. Una carta de 2019 firmada por el entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York y dirigida al departamento jurídico de Google prohibía por ley a la empresa revelar la existencia de la carta a Ghislaine Maxwell, co-conspiradora de Epstein y objeto de la citación, durante 180 días a partir de la fecha de la orden. La carta también ordenaba a Google que avisara a los fiscales si tenía previsto comunicar a Maxwell la existencia de la orden una vez transcurrido el plazo, “en caso de que la investigación siga en curso y sea necesario renovar la orden”.
Incluso cuando la ley no lo exigía, los fiscales solicitaron el silencio de Google. En una carta de 2018 en la que se ordenaba a Google preservar todos los correos electrónicos, incluidos los borradores y los enviados a la papelera, el contenido de Google Drive asociado a cuatro cuentas de Gmail, también se solicitaba que Google no revelara la existencia de la carta a nadie, incluidas las personas propietarias de las cuentas. Además, se solicitaba que Google notificara a los fiscales federales si la empresa tenía intención de hacer una revelación, para que los fiscales pudieran “obtener una orden de no revelación si fuera necesario”.
No está claro si Google informó a los titulares de las cuentas de los correos electrónicos redactados una vez transcurridos los 180 días descritos en la carta de 2019. Los términos y condiciones de privacidad de Google indican que cuando recibe una solicitud de una agencia gubernamental, enviará un correo electrónico al sujeto de esa solicitud antes de revelar esa información, a menos que lo prohíba la ley.
Volver a lo básico
Muchos de los archivos incluidos en los volcados de Epstein se titulaban “INFORMACIÓN DEL SUSCRIPTOR DE GOOGLE” y contenían el nombre de la cuenta, la dirección de correo electrónico y los números de teléfono de recuperación, a qué servicios de Google puede acceder la cuenta, cuándo se creó la cuenta, la dirección “IP de las condiciones de servicio” y un registro de la actividad de la dirección IP.
Mario Trujillo, abogado sénior de la Electronic Frontier Foundation, afirma que la información de los suscriptores requiere el mínimo requisito legal para que el gobierno pueda acceder a ella en virtud de la Ley de Comunicaciones Almacenadas, una ley de los años ochenta que establece gran parte de las normas sobre el tipo de información a la que el gobierno puede acceder de proveedores de servicios electrónicos como Google.
