A casi tres años del anuncio oficial que prometía la creación de 2.000 empleos en el proyecto de litio Centenario-Ratones en Salta, trabajadores denuncian despidos sin causa. Desde el gremio AOMA aseguraron que se trata del proceso normal de una minera, que requiere más trabajadores en el período de construcción, que luego desecha. Los trabajadores denunciaron, sin embargo, reemplazos mediante tercerización y los salarios más bajos del sector. El verdadero impacto laboral de las inversiones mineras en la Argentina.

A casi tres años de los anuncios oficiales que celebraban la creación de 2.000 empleos en la puna salteña, el proyecto de litio Centenario-Ratones, operado por la minera francesa Eramine Sudamérica, vuelve al centro de la escena, pero esta vez por denuncias de despidos sin causa y reclamos por bajos salarios y el reemplazo con trabajadores tercerizados.

En abril de 2023, bajo el gobierno anterior, la entonces secretaria de Energía Flavia Royón (hoy, senadora por Primero Los Salteños) destacó que la iniciativa “creará casi 2.000 puestos de trabajo en su construcción”. El proyecto, con una inversión estimada en 680 millones de dólares, fue presentado como un motor de desarrollo regional y parte de una estrategia nacional para posicionar a la Argentina como actor clave en el mercado global del litio.

En ese momento, el entonces ministro de Economía Sergio Massa subrayó que el emprendimiento permitiría exportaciones proyectadas por 74 millones de dólares en 2024 y hasta 300 millones en 2026, destacando además que sería la primera operación del país con producción obtenida 100% mediante extracción directa.

El proyecto es un emprendimiento conjunto de la francesa Eramet, con el 50,1% y control operativo, y la china Tsingshan, que posee el 49,9% y financia la construcción de la planta.

Sin embargo, la semana pasada trabajadores denunciaron despidos injustificados en la planta ubicada en el Salar Centenario Ratones, en Salta. Según los ex empleados, la empresa habría incorporado una firma tercerizada proveniente de Tucumán con salarios más bajos para reemplazar a parte del personal desvinculado.

Uno de los despedidos, Sergio Rodríguez, afirmó a Página/12 que los nuevos trabajadores “aceptaron un salario menor” al que percibían quienes fueron cesanteados. Además, cuestionó que se encontraban encuadrados en la categoría “D”, la más baja del sector, con salarios cercanos a 1,2 millones de pesos.

Los trabajadores realizaron una protesta frente a la seccional local de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), reclamando mayor defensa gremial. Desde el sindicato señalaron que, una vez finalizada la etapa de construcción —que suele demandar entre tres y cuatro años y emplear hasta 2.000 personas—, la dotación permanente se reduce considerablemente.

El dirigente gremial explicó que muchos de los contratados durante la construcción pertenecen al gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y no a AOMA. Asimismo, indicó que mientras se cumplan las indemnizaciones correspondientes, el sindicato no interviene formalmente.