Como evidencia de que el paro general incomodó a la Casa Rosada y buscará evitar que se repita, el gobierno dejó trascender que analiza aplicar sanciones a los sindicatos del transporte que se sumaron al paro general de la CGT. Los acusa de incumplir las conciliaciones obligatorias que regían ese día para sus respectivos conflictos laborales, desconociendo el carácter general del paro convocado, no por un sector sino por una central sindical para un reclamo también general.
El Gobierno nacional evalúa aplicar sanciones a los gremios del transporte que se sumaron al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Según La Nación, el Ejecutivo releva en todo el país el grado de cumplimiento de la medida para determinar castigos a través de sumarios. En el caso de La Fraternidad y la UTA, los acusa de incumplir conciliaciones obligatorias que recaían sobre conflictos laborales sectoriales.
Las posibles sanciones alcanzarían a La Fraternidad y a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuyos servicios tuvieron un alto nivel de adhesión durante la huelga. En Casa Rosada analizan la posibilidad de aplicar desde multas económicas hasta actuaciones que podrían derivar en la quita de la personería jurídica. “Si fueron al paro e incumplieron la conciliación obligatoria, la idea es ir a fondo”, sostuvieron a ese medio desde el oficialismo, aunque reconocen que una decisión de ese calibre podría judicializarse.
Es que la controversia tiene su dimensión legal. Mientras el Gobierno sostiene que la conciliación obliga los gremios a abstenerse de cualquier medida de fuerza, especialistas laborales como el abogado Matías Cremonte sostuvieron que una huelga general convocada por una central sindical, con el objetivo de intervenir como un actor público, está fuera del alcance de una conciliación sectorial con objetivos laborales. La discusión, no obstante, evidencia que el trasfondo del conflicto es más político que jurídico y está más relacionado con la criminalización de la protesta que con la legalidad.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por el corte registrado en Moreno, uno de los focos más conflictivos de la jornada. La protesta tuvo lugar sobre el Acceso Oeste, a la altura del cruce con la ruta 23, donde un grupo de manifestantes interrumpió el tránsito e incendió neumáticos durante aproximadamente dos horas. La denuncia incluye los delitos de entorpecimiento del transporte terrestre, atentado y resistencia a la autoridad, y solicita la identificación de los responsables.
Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, ya se había intimado a los gremios a abstenerse de adherir a la huelga. En un comunicado oficial advirtió que cualquier medida de fuerza la consideraría una violación a la conciliación laboral obligatoria vigente. La Secretaría de Trabajo, dependiente de esa cartera, realiza ahora las constataciones junto al área de Transporte para determinar los pasos a seguir.
Según La Nación, desde el Gobierno buscan diferenciar (y dividir) a Omar Maturano, titular de La Fraternidad, de Roberto Fernández, líder de la UTA. Mientras que al primero lo señalan como uno de los impulsores firmes de la adhesión al paro, en el caso de Fernández aseguran que “tenía voluntad de no sumarse”, aunque habría recibido presiones para hacerlo. En el oficialismo reconocen que la paralización del transporte fue determinante para el impacto de la medida y buscan evitar que se repita la escena el viernes que viene, cuando la Reforma Laboral vuelva al Senado.
