En México, los juegos de azar, apuestas y sorteos están regulados por la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, que establece que corresponde al Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Gobernación, reglamentar, autorizar, controlar y vigilar los juegos “en los que medien apuestas de cualquier clase, así como los sorteos, con excepción de la Lotería Nacional”.
Aunque la ley y su reglamento se han modificado en diversas ocasiones, la más reciente en 2023, la actualización solo abordó aspectos relacionados con tarifas y permisos de operación. Por otro lado, la reforma permitió la apertura y funcionamiento de centros de apuestas remotas, salas de sorteos, hipódromos, galgódromos y frontones.
Un pequeño puesto de venta de boletos de la Lotería Nacional en Cancún, Quintana Roo, México. Artur Widak/NurPhoto/Getty ImagesArtur Widak/NurPhoto/Getty Images
Sin embargo, como advierte Miguel Ángel Ochoa Sánchez, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA), el marco vigente no contempla temas esenciales como métodos de pago seguros, prevención del lavado de dinero, tributación equitativa, adopción de tecnologías emergentes y mecanismos de protección a los jugadores.
“La consecuencia de esta brecha normativa es clara: incertidumbre para los inversionistas, riesgos operativos para los permisionarios legales y un terreno fértil para la ilegalidad”, señaló.
Aunque la ley permite los casinos en línea, los controles y mecanismos de vigilancia resultan insuficientes. Ochoa detalló que el mercado legal de apuestas en línea en México creció de 600 millones de dólares en 2019 a 2,700 millones el año pasado. No obstante, el mercado ilegal ya representa cerca del 60% de las apuestas en línea, lo que implica pérdidas fiscales estimadas en 300 millones de dólares, además de la ausencia de empleos formales.
“El juego regulado incorpora programas de responsabilidad social, prevención de adicciones y espacios libres de humo. El juego ilegal, en cambio, carece de control alguno: no paga impuestos, no protege a los jugadores y vulnera la seguridad de todos”, subrayó.
Reformas para prevenir el lavado de dinero
Con el objetivo de prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, a mediados de este año se aprobó una modificación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) y al Código Penal Federal. La reforma clasifica formalmente al sector de juegos con apuestas y sorteos como vulnerable ante operaciones financieras irregulares.
La norma impuso nuevas obligaciones a las empresas y operadores del ramo, entre ellas la implementación de protocolos de prevención, reportes de transacciones sospechosas y monitoreo constante de las actividades financieras de los clientes. Sin embargo, persisten dudas sobre la eficacia de los mecanismos de cumplimiento.
Se estima que en México alrededor de 3 millones de personas participan en casinos físicos, mientras que otros 2 millones lo hacen mediante plataformas en línea. Esta última modalidad crece con rapidez entre la población joven, lo que incrementa el riesgo de exposición a esquemas ilegales.
Ambas formas de juego se complementan, lo que ha permitido que la industria de apuestas registre un Producto Interno Bruto (PIB) de 164,017 millones de pesos durante el segundo trimestre del año pasado, un incremento intertrimestral de 17%. Esta cifra no contempla la inversión extranjera directa, de la cual no existen datos oficiales disponibles.
Sin embargo, como concluye el líder de la AIEJA, ambas modalidades “requieren reglas claras que las integren de forma ordenada y sostenible. No se trata de abrir indiscriminadamente el mercado, sino de dar certeza jurídica, atraer inversión nacional y extranjera, y fortalecer las herramientas del Estado para combatir el juego ilegal”.
