Casi un centenar de empleados de la planta de tratamiento de residuos IDM, en la ciudad santafesina de San Lorenzo, denuncian suspensiones y reducción salarial tras no superar una inspección medioambiental. El problema es que sólo se estaría tratando el 6% de los residuos. Los trabajadores pidieron que se hagan las modificaciones necesarias pero que no cierre la planta y que les sigan pagan el salario completo. Reclaman la intervención de los gobiernos provincial y nacional para evitar el cierre definitivo del establecimiento.

Cerca de un centenar de trabajadores de la planta de tratamiento de residuos IDM, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, se encuentra en estado de alerta ante la posibilidad de cierre del establecimiento. La situación se desató tras una inspección medioambiental que la empresa no logró superar, según informaron al medio local La Capital fuentes del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Afines (Spiqya).

Durante los últimos días, los empleados realizaron manifestaciones frente a las puertas de la planta, acompañados por representantes sindicales, para exigir la intervención de los gobiernos provincial y nacional con el fin de garantizar la continuidad laboral y el cumplimiento de las condiciones medioambientales requeridas.

El secretario general del Spiqya, Julio Barroso, denunció que los trabajadores están cobrando apenas entre el 60 y el 65 % de sus salarios debido a suspensiones que calificó de “ilegales”. “Estas fábricas, para poder funcionar, necesitan una clave que emiten las áreas de Medio Ambiente de la provincia y de la Nación”, explicó.

El dirigente reclamó al gobernador Maximiliano Pullaro y al presidente de la Nación que se gestione la autorización necesaria para que la planta continúe operando. “Sabemos que hay cosas que corregir y no nos oponemos a que se hagan, pero pedimos que se mantenga la fábrica abierta y que los trabajadores cobren el 100 % de sus sueldos”, añadió Barroso.

El sindicato reconoció la necesidad de mejorar los estándares ambientales, pero advirtió sobre las consecuencias de paralizar completamente la actividad. Según los asesores medioambientales del gremio, actualmente solo se está tratando el 6 % de los residuos que se generan, lo que representa “un riesgo para todas las comunidades” de la región.

“Queremos seguir trabajando. Todas las actividades humanas generan residuos: el transporte, la banca, la metalurgia, el papel, la química. Si no se tratan, el problema afecta a todos”, subrayó el dirigente sindical.

Barroso también alertó sobre la incertidumbre que viven los trabajadores y sus familias: “Esto es una bomba de tiempo para las comunidades en las que vivimos. Necesitamos que los residuos se traten, porque nosotros también somos vecinos, criamos a nuestros hijos aquí”.

Mientras se espera una respuesta oficial de las autoridades medioambientales, la planta continúa parcialmente paralizada y los trabajadores mantienen su reclamo en defensa de los puestos de trabajo y del tratamiento responsable de los residuos en la zona.