La Corte Suprema dejó firme la condena a diez años de prisión para Pedro Müller, ex gerente de Manufactura de Ford Motor Argentina, como partícipe necesario de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Un caso emblemático de la participación civil y empresarial. En total 17 de los 24 trabajadores secuestrados fueron privados de su libertad en sus puestos de trabajo.
La decisión de la Corte Suprema fue adoptada por mayoría, con los votos del juez Horacio Rosatti y de los conjueces Fernando Poviña y Juan Ignacio Pérez Curci, que rechazaron el planteo de la defensa de Müller.
El ex directivo había sido condenado por los secuestros y las torturas sufridas por 24 trabajadores de la planta automotriz en 1976, durante la dictadura militar. En la causa, el tribunal oral que lo juzgó dispuso que no fuera detenido hasta que la condena quedara firme.
La mayoría sostuvo que la defensa insistió en cuestionar una condena que, según su planteo, se habría fundado en el cargo que Müller ocupaba en la empresa, pero no rebatió las pruebas que acreditaron su “especial relevancia entre las autoridades de Ford” y su “efectivo control de la planta” donde se desplegaron los crímenes investigados.
La causa se inició en 2003 y en 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín condenó a Müller como partícipe necesario de las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y de los tormentos agravados de los 24 trabajadores vinculados a Ford Motor Argentina.
Según la sentencia, los delitos fueron calificados como crímenes de lesa humanidad y la condena incluyó diez años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la pena.
El fallo repasó que antes del 24 de marzo de 1976 la empresa había solicitado mayores medidas de seguridad y que Gendarmería, Prefectura y luego el Ejército se instalaron en la planta de Pacheco hasta 1977.
También se dio por probado que 17 de los 24 trabajadores fueron privados de su libertad en sus puestos de trabajo, que nueve de ellos fueron llevados a un quincho dentro del predio donde fueron torturados y que todos fueron trasladados luego a centros de detención.
La mayoría señaló además que autoridades de Ford aportaron información específica de los trabajadores secuestrados y confeccionaron listas para su individualización.
En ese marco, el fallo sostuvo que Müller “facilitó la individualización y localización de las personas a detener y permitió el alojamiento de algunas de ellas en dependencias de la propia fábrica” donde fueron sometidas a tormentos.
En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz votó por hacer lugar al recurso de la defensa y dejar sin efecto la condena, al considerar que la culpabilidad de Müller más allá de toda duda razonable constituía “un error intolerable bajo una racional administración de justicia”.
Para Rosenkrantz, correspondía absolver al imputado por el beneficio de la duda, al sostener que no hubo testimonios que ubicaran a Müller en el momento de los tormentos y que su cargo tenía competencias limitadas a la producción de la planta.
