Cuatro organizaciones defensoras del medio ambiente y de protección del interés público se han unido para demandar al Comité de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés). Alegan que este organismo regulador y su director ejecutivo, Steven S. Cliff, han creado una “fiebre del oro a partir del estiércol de vaca” al promover el uso de biodigestores de estiércol.
Las modificaciones de 2024 de CARB a sus normas sobre combustibles de bajo carbono están bajo escrutinio judicial, ya que los demandantes sostienen que la política de la institución para otorgar créditos por las reducciones en emisiones de metano, que permite a las operaciones pecuarias intensivas obtener créditos por combustibles limpios mediante la instalación de biodigestores anaerobios, perjudica a las comunidades y debilita el programa de California para mejorar la calidad del aire.
El escrito inicial de la demanda, presentado a finales de septiembre, alega que, al otorgar subsidios mediante el sistema de créditos por “metano evitado”, CARB infringe la legislación ambiental, específicamente la Ley de Calidad Ambiental de California y la Ley de Soluciones al Calentamiento Global. Además, los demandantes afirman que CARB se basó en un análisis de impacto ambiental deficiente para concluir erróneamente que estos subsidios no incentivarían la “expansión de los hatos en explotaciones pecuarias industriales”. El escrito señala: “Estos créditos hacen especialmente rentable la producción de biogás en explotaciones pecuarias industriales, lo que incentiva su expansión y concentración”.
Según los demandantes, esta expansión trae consigo mucho más que emisiones de metano. El escrito presenta una extensa lista de los “daños ambientales” que asocian con las operaciones pecuarias intensivas, entre ellos los malos olores y “el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y del agua potable con nitratos”, debido a la aplicación de mayores cantidades de estiércol en los terrenos agrícolas. En una sección dedicada a la expansión y concentración de las explotaciones, los demandantes cuestionan la viabilidad económica de estos sistemas. Sostienen que, debido a que los biodigestores requieren grandes volúmenes de estiércol y son costosos de operar, su instalación resulta económicamente inaccesible para los establos más pequeños. En consecuencia, argumentan que estas políticas incentivan a los productores a “aumentar el tamaño de sus hatos lecheros con el propósito de generar estiércol, en lugar de producir leche”. Esta evaluación proviene de Aaron Smith, economista especializado en agricultura citado en el escrito.
El análisis de impacto ambiental de CARB es objeto de cuestionamientos a lo largo de todo el escrito. Los demandantes sostienen que el organismo manipuló los datos para respaldar su afirmación de que la expansión de los hatos no era una consecuencia “razonablemente previsible” de las modificaciones a las normas sobre combustibles. Los autores del escrito citan datos del censo agropecuario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que supuestamente muestran que las tasas de crecimiento de los hatos lecheros de California aumentaron “sustancialmente” después de la puesta en marcha del programa de créditos por disminución de emisiones de metano.
El escrito inicial de la demanda concluye acusando a CARB de actuar de una manera que únicamente perpetúa las “ganancias extraordinarias” de los desarrolladores de proyectos de biogás en explotaciones pecuarias industriales, a costa del programa de California para mejorar la calidad del aire y de las comunidades del Valle de San Joaquín. La audiencia judicial está prevista para febrero de 2027.
Este tema podría repercutir en la industria lechera mundial y en el desarrollo de incentivos para los biodigestores, sigamos al tanto de su evolución.
Fuente: Jessica Miller. Editora asociada de Hoard’s Dairyman