El Enacom aprobó cambios en el sistema de bloqueo de líneas móviles en establecimientos penitenciarios federales, con foco en seguridad y control intramuros.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida para reforzar el control sobre las comunicaciones dentro de los penales federales. A través de la resolución 300/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), las empresas de telefonía móvil deberán bloquear celulares, tarjetas SIM y líneas telefónicas detectadas en funcionamiento dentro de establecimientos penitenciarios federales.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial, complementa una resolución previa del Ministerio de Seguridad y apunta a impedir que internos utilicen dispositivos móviles para coordinar delitos, realizar estafas, extorsiones o mantener comunicaciones ilegales desde prisión.
Qué cambia con la nueva resolución
Hasta ahora, el sistema de bloqueo del Enacom estaba orientado principalmente a celulares denunciados por robo, hurto o extravío. Con esta nueva modificación, las compañías telefónicas estarán obligadas a bloquear el IMEI del teléfono celular, el IMSI de la tarjeta SIM y la línea telefónica asociada, cuando el Ministerio de Seguridad lo solicite tras detectar actividad dentro de cárceles federales o zonas restringidas de esos establecimientos.
La resolución modifica el procedimiento vigente desde 2016 e incorpora oficialmente la posibilidad de aplicar bloqueos por razones de seguridad penitenciaria.
IMEI e IMSI: qué son y por qué son importantes
El IMEI es el código único que identifica físicamente a un teléfono celular, mientras que el IMSI identifica a la tarjeta SIM y al abonado de la red móvil. La diferencia técnica es relevante porque bloquear únicamente el IMEI inutiliza el aparato, pero bloquear también el IMSI impide que la tarjeta SIM pueda utilizarse en cualquier otro equipo y en cualquier red móvil. Según Enacom, un IMSI bloqueado deja automáticamente al usuario sin posibilidad de registrarse en redes móviles, incluso fuera del país.
Cómo funcionará el sistema
El mecanismo previsto por el Gobierno funcionará de la siguiente manera:
- El Servicio Penitenciario Federal detectará dispositivos activos dentro de las cárceles.
- El Ministerio de Seguridad remitirá los datos correspondientes a las empresas telefónicas.
- Las compañías deberán ejecutar el bloqueo del equipo, la SIM y la línea asociada.
- Las operadoras deberán conservar registros completos de las acciones realizadas.
La medida alcanza a todas las prestadoras de telefonía móvil que operan en el país, entre ellas Telecom Argentina, AMX Argentina y Telefónica Móviles Argentina.
El antecedente de los inhibidores de señal
La resolución también retoma el problema de los inhibidores de señal instalados en cárceles. La legislación nacional ya prohibía las comunicaciones móviles dentro de los penales y autorizaba el uso de inhibidores, aunque con la condición de evitar afectar la cobertura fuera de los establecimientos. Durante años hubo denuncias por interferencias en barrios cercanos a cárceles federales, lo que obligó a introducir controles técnicos más precisos. Por eso, la nueva normativa insiste en que los bloqueos deben limitarse exclusivamente al ámbito penitenciario y no afectar a terceros.
El argumento oficial: combatir delitos organizados
El Ministerio de Seguridad justificó la medida en la necesidad de evitar que organizaciones criminales operen desde las cárceles mediante teléfonos móviles. La resolución sostiene que el crecimiento de las tecnologías de comunicación facilitó nuevas modalidades delictivas y que el Estado necesita herramientas más eficaces para prevenirlas. En ese marco, el Gobierno considera que el bloqueo conjunto de IMEI, IMSI y líneas telefónicas permitirá neutralizar con mayor eficacia el uso clandestino de celulares dentro de los penales federales.